Desde la reforma energética a la Constitución Mexicana en 2013 en que se abre a la inversión privada, nacional y extranjera el sector de electricidad, gas y petróleo, el país se ha transformado jurídicamente tocando aspectos desde regulación del mercado hasta la evaluación del impacto social, la seguridad industrial y protección al medio ambiente en el sector hidrocarburos, hasta las reglas de almacenamiento, importación y exportación de combustibles y los incentivos para utilizar fuentes alternas de generación de energía eléctrica más amigables con el medio natural, como la eólica, geotérmica, fotovoltaica.

Todo inversionista que participe directa o indirectamente en el mercado energético en México, debe establecer un mecanismo de consulta y actualización permanente del marco regulatorio que se sigue construyendo día con día. La realidad ha superado a la teoría jurídica y el derecho energético es una materia dinámica en permanente evolución.

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